Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se efectuó la segunda y última jornada del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular
En la sesión, los diputados —con la conducción de Esteban Lazo, presidente del Parlamento y del Consejo de Estado— continuaron el debate en torno a las propuestas de normativas que, según el cronograma legislativo, deben ser aprobadas; en tanto se darán a conocer los resultados de la alta fiscalización realizada al Ministerio de la Construcción.
Asimismo, tuvieron la oportunidad de intercambiar criterios sobre los documentos aprobados en el 8vo. Congreso del Partido y se ratificarán los acuerdos y decretos-leyes adoptados por el Consejo de Estado en este último periodo.
Durante la jornada anterior, los parlamentarios analizaron temas estratégicos para el progreso de la nación y cómo aprovechar las nuevas facilidades que se han abierto para el perfeccionamiento de los actores económicos y la empresa estatal socialista, teniendo en cuenta que la economía cubana ha perdido el 13 % de su PIB entre el 2020 y lo que va de 2021.
Otro de los temas examinados fueron los resultados de la implantación de la Tarea Ordenamiento y su impacto en el sistema empresarial, así como los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.
Como en otras ocasiones, esta sesión se desarrolla de manera virtual, mediante la modalidad de videoconferencia, desde el Palacio de las Convenciones de La Habana, interconectada con otras salas en los distintos territorios.
Al referirse al primer punto en la agenda, Esteban Lazo comentó que los proyectos de leyes tienen una gran importancia por los temas que tratan, y las más de 60 intervenciones de los diputados en actividades previas a este debate han permitido enriquecer el cuerpo legal de los textos. Asimismo, hizo un llamado a que no quede tema o duda sin analizar.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) –quien presentó a los diputados los dictámenes de los cuatro proyectos de leyes, a saber, la ley de Proceso Penal, del Proceso Administrativo, de los Tribunales de Justicia y el Código de Proceso–, destacó que estas normas desarrollan aspectos esenciales establecidos en la Constitución de la República en el orden de los derechos y garantías que la misma establece, e implican por sí mismas una profunda reforma en el orden procesal y judicial en el país.
Añadió que resulta pertinente ratificar, una vez más, el amplio proceso de consulta y participación de todos los jueces, universidades y sector jurídico del país, además del debate con los diputados y las consideraciones que la población hizo llegar desde que, el 20 de mayo de este año, fueron publicados los referidos anteproyectos en los sitios web de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo Popular.
En total, apuntó, se recibieron 3 295 criterios sobre los distintos proyectos y más de 2 800 propuestas de modificación, de las cuales fueron aceptadas el 66 %.
De igual forma, del análisis y las intervenciones en jornadas previas a esta sesión parlamentaria, se llegaron a modificar diez de los preceptos contenidos en estos proyectos de leyes.
PROYECTO DE LEY DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
En relación al proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia, puntualizó que de las 107 propuestas, se aceptaron 65, y que los importantes cambios que realiza el documento a la organización de los tribunales en el país están en coherencia con los principios que se establecen en la Carta Magna, así como de los 31 tratados internacionales relacionados al actuar de estas estructuras.
«Como parte de los aspectos más significativos incorporados en la norma, está la ratificación de que los tribunales de justicia tienen entre sus objetivos salvaguardar el orden económico, social y político establecido en la Carta Magna».
Asimismo, se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales; se actualizan los principios y garantías de la función judicial, entre ellos, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso; se refuerza la práctica de que la mayoría de los conflictos se resuelvan en primera instancia por los tribunales municipales y, además, posibilita la creación de órganos territoriales, cuya competencia se extiende a varios municipios colindantes, detalló.
De igual forma, la norma regula, de forma explícita y transparente, los procesos para la elección, nombramiento y tránsito de los jueces profesionales; en tanto, reafirma, como regla general, el principio de actuación colegiada de los tribunales y se definen, con mayor claridad, los casos para los que se prevé la intervención de un solo juez profesional, entre otros aspectos.
Con su promulgación –aseveró Remigio Ferro–, jueces y demás magistrados estaremos en mejores condiciones de cumplir con la honrosa misión de impartir justicia y asegurar la tramitación de soluciones de asuntos judiciales, con apego a la ley, sentido de lo justo, racionalidad, prontitud y respeto a las garantías.
Al presentar a los diputados los dictámenes de los cuatro proyectos de leyes, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, comentó que estas propuestas de normativas, desarrollan aspectos esenciales establecidos en la Constitución de la República en el orden de los derechos y garantías que la misma establece e implican por sí mismas una profunda reforma en el orden procesal y judicial en el país.
«Mediante estas normas y como desarrollo de los preceptos constitucionales se precisan y consolidan las garantías al ejercicio de los derechos de nuestros ciudadanos expresados hoy en leyes vigentes, alcanzándose un notable avance en el perfeccionamiento de la protección a los derechos humanos en nuestra sociedad como parte de la protección a los derechos humanos de nuestro pueblo», acotó.
Refirió que como parte de esa protección a los derechos y seguridad jurídica de nuestro pueblo, y formando parte de un considerable número de normas legales que se aprobarán en este sentido, están estos cuatro proyectos de leyes sujetos a nuestra decisión.
Añadió que resulta pertinente ratificar, una vez más, el amplio proceso de consulta y participación de todos los jueces y los juristas del país que se han venido efectuando, además de situarse desde el 20 de mayo del año en curso, en los sitios web de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo Popular.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, dijo, instruyó una consulta en todas las instancias del país a jueces, fiscales, abogados, litigantes, instructores policiales, asesores jurídicos y profesores de la Facultad de Derecho de las universidades lo que, unido a las propuestas de los diputados en las sesiones de trabajo que han antecedido a esta sección y todas las opiniones recibidas, permitió un perfeccionamiento de los proyectos legislativos que hoy representan a nuestra decisión.
En relación específica al proyecto Ley de Tribunales de Justicia, aludió que la parcela más fuerte del poder del Estado lo es el derecho sancionador de que está dotado, y el mismo lo ejerce delegando esta función en los tribunales de justicia a los que encarga, además, resolver los diferentes litigios en los asuntos que son sometidos a sus juicios.
La nueva ley que se nos propone va a identificar las nociones en que se sustenta la función judicial, siendo de destacar, el principio de imparcialidad y el de obediencia a la ley de los jueces, permitiendo su actuación libre de restricciones, influencia, presión o intromisión alguna, precisó.
Es de significarse, además, que el reconocimiento por esta normativa a los métodos alternos de solución de conflictos y la utilización de fórmulas conciliatorias en su gestión, permitirá una aplicación más racional y expedita de la justicia de conformidad con los intereses de las partes, comentó.
«No obstante, en atención a recomendaciones realizadas por la Asamblea en la anterior legislatura, consideramos oportuno destacar la institución del magistrado o juez emérito, que se establece para aquellos que acumulen una trayectoria relevante al servicio de la judicatura y puedan continuar aportando conocimientos y experiencias».
Como se ha expuesto, la nueva estructura que se propone facilitará un adecuado acceso de las personas a los tribunales de justicia, un uso más racional de sus recursos humanos y materiales, así como una mayor calidad y celeridad en la tramitación de los casos.
Sobre esta norma, la diputada Dalia Expósito, de Guantánamo, destacó que se ha arribado a este momento, luego del pensamiento y construcción colectiva de un grupo de compañeros que se merecen el reconocimiento de todos, ya que se logró desde el punto de vista técnico-normativo un marco legal superior a la ley vigente. Se trata de un proyecto contextualizado, que incorpora temas como la política de calidad de los procesos de tribunales, y reafirma los principios de igualdad ante la ley, y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, afirmó.
PROYECTO DE LEY DEL PROCESO PENAL
Esta norma, que se somete a consideración de la Asamblea, recibió cerca de 1 802 criterios y propuestas de modificación, de las que fueron admitidas el 64 %, informó el presidente del TSP.
Desde el punto de vista de los fundamentos teóricos, en esta ley se introducen y sistematizan principios y garantías del debido proceso refrendados en la Constitución, además de tomar en cuenta las normas avanzadas sobre el tema, que se aplican internacionalmente.
«Algunos de los aspectos novedosos incorporados, es que se fortalecen las garantías para el ejercicio del derecho a la defensa de las personas acusadas de cometer presuntos hechos delictivos, como son conocer las imputaciones en su contra, designar abogado desde el inicio del proceso, proponer pruebas y examinar el expediente, entre otros».
Se precisa, además, que el proceso penal inicia a partir de que la autoridad actuante le comunica al presunto responsable los cargos de los que se le acusa, lo que debe realizarse si la persona se encuentra detenida dentro de las 24 horas –a partir de su detención–, y de estar en libertad, dentro de los cinco días posteriores al recibir la denuncia, indicó Remigio Ferro.
Asimismo, remarcó, se regula con mayor precisión, el carácter excepcional del empleo de la medida cautelar de prisión provisional y se incorpora el control judicial por los tribunales sobre la permanencia de su institución.
Entre las modificaciones, aludió, se refuerza el principio de presunción de inocencia, se le otorga un papel protagónico a la víctima, al reconocerla como parte en el proceso penal, y se establece la posibilidad de que el acusado exprese su conformidad con la acusación y sanción, en cuyo caso, el Tribunal dicta sentencia sin necesidad de realizar juicio, entre otros elementos.
De aprobarse la norma, se introducirían importantes modificaciones e innovaciones, haciendo al proceso penal más garantista, transparente y justo, distinguió.
Toledo Santander, al referirse al Dictamen elaborado por la Comisión, señaló que el proyecto en discusión ratifica tres principios cardinales: ofrecer las garantías necesarias tanto a los inculpados, como a la sociedad, de modo que las sentencias resulten justas, eficaces y educativas; concentrar las actuaciones y el juicio oral para el logro de una justicia pronta, sin merma de ninguna garantía; y simplificar los trámites de los recursos, de modo que su resolución no fuera obstaculizada por requisitos formales.
En coincidencia con el artículo 95 de la Constitución, la propuesta de normativa que nos presenta va a desarrollar en su articulado la legalidad de la privación de libertad, partiendo de que la libertad de las personas es un derecho consagrado en la Carta Magna y determina las razones por las cuales este derecho puede ser objeto de limitación, añadió.
Por otra parte, «se propone que la persona pueda disponer de un abogado desde los inicios del proceso y que todo imputado tiene derecho a la defensa y a designar quién le defienda una vez instruido de cargos».
Al ratificarse, dijo, la responsabilidad penal a partir de los 16 años, se establece también un régimen especial de justicia a las personas comprendidas entre 16 y 18 años; en tanto, la presunción de la inocencia es una garantía que se propone establecer desde que comienza el proceso penal y hasta tanto no exista una sentencia condenatoria firme.
En aras de una aplicación más justa, equitativa y racional de la ley penal y, en correspondencia con recomendaciones dadas por esta Asamblea, el proyecto establece el principio de oportunidad, lo cual permitirá una aplicación más racional de nuestra justicia, puntualizó.
Sobre el proyecto, el diputado José Castañedas, por el municipio de La Lisa, La Habana, comentó que este da muestra en su contenido de una norma clara y precisa, despojada de tecnicismos o falta de objetividad.
Es, expresó, sustancialmente revolucionaria, cualitativamente superior a la que le antecede, atemperada a las condiciones actuales y con una visión integrada en función de ampliar las plataformas de garantías y deberes de los sujetos que intervienen en el proceso penal.
De igual forma llamó la atención a la necesidad, una vez aprobada la ley, de exigir su control y aplicación, de manera integral, así como «sistematizar la estrategia de comunicación aprobada, en aras de aumentar la cultura jurídica de dirigentes, cuadros, trabajadores y pueblo en general, conscientes de que así pensamos como país».
Un criterio que compartieron varios parlamentarios, al señalar la importancia de continuar perfeccionado el sistema de justicia, en todos sus ámbitos y estructuras, y lograr la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos aprobados por el órgano legislativo, en nombre del pueblo.
En tal sentido, la diputada Marta del Carmen Mesa, destacó el carácter humanista que tiene la ley del Proceso Penal y que incluye muchos de los criterios que el pueblo expuso durante el proceso de Reforma Constitucional en 2019.
PROYECTO DE LEY DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
Por el alcance de esta ley, se decidió sacarla como una norma independiente, con el propósito de regular los procedimientos para tramitar y resolver las reclamaciones que se presenten ante los tribunales en relación con los actos, actuaciones materiales y omisiones inapropiadas de la administración pública, así como la responsabilidad de esta por los presuntos daños o perjuicios, acotó Remigio Ferro.
La versión que hoy se presenta, aseveró, es fruto de la elaboración colectiva, colegiada desde la base, al tener en cuenta no solo el criterio de especialistas del sector, sino también de los diputados y ciudadanía.
En total, puntualizó, se recibieron 240 consideraciones y se aceptó el 55 %. Comentó que la aprobación de la norma propuesta introducirá importantes modificaciones en esta materia, al hacerlo más accesible e inclusivo; «a la vez, su alusión propiciará un fortalecimiento de la calidad y responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas».
En dicho proyecto, indicó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos al hacer lectura del dictamen, se regula el proceso administrativo de forma autónoma, en una ley independiente, lo cual responde a las peculiaridades procesales que lo distinguen y a los derechos e intereses legítimos que, a través de él, se protegen.
Facilitará, continuó, el conocimiento y manejo de su contenido, su mejor aplicación por los tribunales, y una delimitación más precisa del régimen procesal que ampara, en contraste con otras vías procesales.
«Expone también, quién puede demandar en los marcos de dicho proceso y bajo este principio de ampliación de la legitimación se habilita, con las correspondientes excepciones, la posibilidad de demandar órganos, organismos, entidades o personas que ejerzan función administrativa en el país».
Se atribuye, asimismo, la competencia a los tribunales municipales populares para conocer de asuntos de esta materia, respondiendo a un criterio de mayor eficacia y eficiencia de la actuación judicial y de acercamiento de la administración a los ciudadanos.
Como novedad, los tribunales provinciales conocerán, entre otros, de las reclamaciones relacionadas con la expropiación forzosa, el medio ambiente y, como primera instancia, en materia de confiscaciones.
Por otra parte, mantiene como regla para el acceso a la justicia en materia administrativa que las personas deben reclamar primero ante la Administración, para luego, acudir a la vía judicial.
Resaltó, además, que la dimensión de las modificaciones que este proyecto introduce en el ámbito del proceso administrativo, no tienen precedente en la historia de nuestro país.
PROYECTO DE LEY DE CÓDIGO DE PROCESOS
Esta norma, enfatizó el presidente del TSP, integrará los procedimientos para resolver las reclamaciones en las materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social, y establecerá cuáles son los procedimientos cuando un ciudadano tiene un conflicto en estas materias y debe acudir al Tribunal.
A partir de las 512 propuestas recibidas, tanto del sector jurídico como de la población y los diputados, se aceptó el 78%, y puede afirmarse, en consecuencia, que la elaboración del documento legal está enriquecido con los criterios y consideraciones, desde la base.
Como parte de las principales reformas que incorpora, se describen con mayor coherencia las conminaciones personales y económicas que pueden imponerse para hacer cumplir las decisiones judiciales, acotó.
«De igual forma, propone tipos estandarizados de procedimientos comunes más agiles y menos engorrosos, para la tramitación de los asuntos relativos al derecho civil, de las familias, mercantil, del trabajo y de la seguridad social».
Toledo Santander señaló, por otra parte, en el dictamen de la Comisión, que la normativa establece dos modalidades básicas similares para la tramitación de todos los asuntos de estas materias: el proceso ordinario y el proceso sumario, eliminando así la diversidad de tipos procesales que prevalecía con anterioridad y facilitando el trabajo de las partes y el tribunal en el manejo de los asuntos, con lo cual se agiliza la impartición de justicia.
Entre los cambios sustanciales, agregó, están los referidos al ámbito de las competencias, favoreciendo que una cantidad considerable de asuntos se han resuelto por los tribunales municipales, con derecho a un recurso de apelación ante el tribunal provincial.
«De especial atención, resultan las salvaguardias que establece la norma para las personas en situación de discapacidad, así como en los casos de violencia de género o familiar, cuando intervienen menores de edad y cualquier otra situación y que en que intervengan personas en condición de vulnerabilidad».
Respecto al proyecto de ley, el invitado José Alexis Ginarte, presidente de Unión Nacional de Juristas de Cuba, consideró que debemos reconocer que este Código constituye una reforma procesal muy revolucionaria, atemperado además a las necesidades planteadas desde hace tiempo, en función de contextualizar las normas al quehacer del sector jurídico.
APRUEBAN EN EL PARLAMENTO CUATRO LEYES DEL ÁMBITO JURÍDICO CUBANO
Por unanimidad, los parlamentarios aprobaron las cuatro leyes, y se designó a una comisión de estilo para revisar el texto, antes de su firma y refrendación por el Presidente de la República, para su posterior publicación en Gaceta y entrada en vigor el 1ro de enero del 2022.
Así, concluyó Lazo, se da cumplimiento al cronograma legislativo y se implementan contenidos de gran trascendencia, que refrendan nuestro texto constitucional y dan paso a que Cuba se adentre en una importante reforma procesal y judicial. Ello, añadió, supone también un reto para el conjunto de los operadores del Derecho, en tanto, el cumplimiento de estas leyes será objeto de control por la Asamblea.
PRESENTAN INFORME DE LA MÁS ALTA FISCALIZACIÓN AL MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Santiago Eduardo Lage Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcción y Energía de la ANPP presentó a los diputados el informe de los resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, aprobado en la pasada legislatura.
En el año 2020 el Micons, para acometer la estrategia económico social aprobada por el gobierno y enfrentar los efectos de la COVID-19 adoptó un plan de medidas, entre ellas, desarrollar un programa diario de construcción de viviendas para arrendar y vender; incluir en los planes locales de producción, renglones de la industria de los materiales que contribuyan efectivamente a la sustitución de importaciones, entre ellos: mortero cola, carpintería de madera, mármol elaborado, aditivos, pavimentos cerámicos y muebles sanitarios.
Según el informe, existen avances parciales en la implementación de la estrategia durante el primer trimestre de 2021, en particular en la sustitución de importaciones y el inicio de la experiencia del programa inmobiliario, aunque «una de la carencia en la estrategia del Micons es que no se hace referencia a las acciones vinculadas con la exportación.
Un factor que atraviesa todos los análisis vinculados al cumplimiento del plan de la economía del organismo y del sistema empresarial atendido en 2020 es la situación generada por la COVID-19, de ahí que el informe refleje el cumplimiento e incumplimiento del plan de ventas, utilidades, indicadores de ingreso al Presupuesto del Estado, producción en construcción y montaje para inversiones, mantenimiento constructivo, entre otros.
Los diputados conocieron que se incumplen la construcción de viviendas, hormigón prefabricado; producciones de arena, bloques, muebles sanitarios, azulejos, tejas y tanques de asbesto cemento; el aprovechamiento de la capacidad disponible para la producción de cemento solo alcanza el 59 y 43 % en los años 2019 y 2020, respectivamente.
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA VIVIENDA
El Estado ha construido desde el año 1990 hasta el 2018 un total de 401 777 viviendas, beneficiando a más de 1 100 000 personas, «las cuales resultan ineficientes», preció Lage Choy.
La Política de la Vivienda, aprobada en diciembre de 2018 e implementada en 2019, prioriza las afectaciones climatológicas, las condiciones precarias, la dinámica demográfica y las personas con escasos recursos, donde se plantea un programa de diez años para la recuperación del déficit habitacional en el país, que al cierre del 2020 asciende a 862 879 viviendas.
Desde su implementación hasta mayo de 2021:
– 99 252 viviendas terminadas; de ellas
– 32 575 por la vía estatal
– 19 786 células básicas habitacionales (CBH)
– 46 891 por esfuerzo propio
De las prioridades planteadas en la política, al cierre de mayo en el país existían:
– 49 336 afectaciones climatológicas; de ellas
– 33 021 derrumbes totales
– 11 378 CBH sin concluir de años anteriores; de ellas
– 6 994 comprendidas entre 2012 y 2019
– 94 175 pisos de tierra
– 8 997 cuarterías
En la atención a las madres con tres o más hijos menores de 17 años de las 42 512 identificadas, 29 417 demandan acciones constructivas en sus viviendas y se han beneficiado por las diferentes vías 5 841 con 2 416 acciones constructivas.
Continúa siendo la rehabilitación la ruta crítica para detener el deterioro del fondo habitacional y existen insatisfacciones con el programa de rehabilitación debido a que las acciones realizadas, en su gran mayoría, no son las que más impactan en la solución de los problemas que aquejan al pueblo.
Sobre la directiva del gobierno para el desarrollo de la producción de materiales de la construcción en los territorios, en lo fundamental destinada al programa de la vivienda, al cierre del año 2019 se obtuvieron resultados favorables, aunque aún no se satisface la demanda del programa.
En el año 2020 sólo cumplen el plan de producción local de materiales de construcción ocho provincias, incidiendo en el incumplimiento los tres meses de atraso, y la entrega de cemento y acero.
Sobre el enfrentamiento del delito y las ilegalidades, el informe plantea que el control efectuado por los diputados a los distintos objetivos de visita, corroboró que el organismo mantiene el enfrentamiento a las diferentes prácticas en las que se manifiestan los delitos e ilegalidades, las que han tenido tratamiento sin impunidad.
EL PAPEL DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO DEL ORGANISMO
La ciencia y la innovación han sido definidas como uno de los tres pilares en los cuales se basa el sistema de gestión del gobierno cubano, donde varios son los ejemplos de aplicación a la búsqueda de mejores y más eficientes soluciones a los problemas que afronta hoy el sector constructivo.
En lo fundamental, esto se ha venido consolidando a través del vínculo con las universidades y centros de investigación a lo largo de todo el país.
En relación con el desarrollo de nuevas tecnologías se reportan acciones vinculadas a los siguientes proyectos: producción de cementos con adición, sustitución de la fibra de asbesto en la producción de tejas, desarrollo de la producción de morteros especiales en Cuba, uso de combustibles alternativos en los hornos de cemento, polvos abrasivos para la fabricación de muelas para el pulido de losas y terrazos, producción de elementos de yeso, obtención de cloruro de hierro, desarrollo de la producción de cal en el país y utilización de la asfaltita a la reparación de viales.
Como recomendaciones el informe plantea potenciar la sustitución de importaciones de recursos claves para el desarrollo del sector, crear las condiciones necesarias para el desarrollo de las exportaciones con mayor valor agregado, priorizar el cumplimiento del programa de la vivienda incluida la atención a la actividad de los subsidios, entre otros factores.
Rene Resa Villafaña, titular del sector, expresó que lo planteado por los diputados son problemas identificados desde la base, agregando que las deficiencias en las obras se están llevando a análisis en todo el país. Los controles llevados a cabo por los diputados generaron un intercambio sobre las medidas adoptadas para avanzar en el sector de la construcción.
Los diputados sometieron a votación el Informe, siendo aprobado el primer ejercicio de esta naturaleza que lleva a cabo la ANPP dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución.
Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento Cubano y del Consejo de Estado, destacó que ahora corresponde implementar un grupo de medidas para resolver los aspectos señalados y su evaluación por los sectores correspondientes, reconociendo además a los trabajadores y directivos de los organismos, al tiempo que exhortó a trabajar cada día mejor en un sector que tanto tiene que ver con el desarrollo de la economía del país.
RESPALDA PARLAMENTO CUBANO DOCUMENTOS APROBADOS EN EL 8VO. CONGRESO DEL PARTIDO
El Parlamento cubano respaldó la actualización para el periodo 2021-2026 de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobada en el 8vo. Congreso de la organización y que constituye la base para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19.
Los diputados, además, apoyaron la actualización de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, aprobada igualmente en la cita partidista efectuada en el pasado mes de abril.
Durante la a segunda y última jornada del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), también se acordó, previa coordinación con el Comité Central del Partido, analizar en los próximos periodos de sesiones, la marcha de la aplicación y el control de ambos documentos.
Igualmente, se decidió encargar a las comisiones permanentes de trabajo de la ANPP ejercer, sostenidamente en sus respectivos ámbitos de trabajo, el control y la fiscalización sobre el cumplimiento en los sectores de la economía y la sociedad que reflejan estos documentos.
Por otra parte, se acordó recomendar a las Asambleas Municipales del Poder Popular, continuar con el chequeo del control del cumplimiento de los textos emanados del 8vo. Congreso.
El miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, recordó que el 8vo. Congreso ratificó el desarrollo de la economía nacional, junto a la lucha por la paz y la firmeza ideológica, como las misiones principales de la Organización.
Dijo además que, en medio de circunstancias muy complejas, el Partido trabaja para avanzar hacia un mayor bienestar social y mantiene la aspiración de resistir creativamente, sin renunciar a nuestros proyectos de desarrollo.
Morales Ojeda explicó que la Resolución aprobada sobre la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, ratifica que la sociedad cubana se encuentra en un periodo histórico de la construcción del socialismo, y los principios en que se sustenta ese ideal, fundamenta los principios transformacionales para la consolidación y continuidad de la Revolución, a partir de nuestras fortalezas y debilidades en función de materializar la visión de la nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.
Por su parte, la resolución aprobada sobre los Lineamientos, para el periodo 2021-2026, traza las direcciones principales de trabajo y las prioridades de la economía.
El Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central precisó que este documento quedó conformado con 201 lineamientos que priorizan el fortalecimiento de la gestión de la empresa estatal socialista y demás actores económicos, para avanzar en la solución de los problemas estructurales de la economía, desarrollar la producción y comercialización de alimentos, consolidar la implementación de la tarea ordenamiento, entre otros asuntos vitales para el desarrollo del país.
El respaldo y posterior control por la ANPP, como Órgano Supremo del Poder del Estado, representante de todo el pueblo, contribuirá a garantizar la irreversibilidad y continuidad de nuestro socialismo, afirmó.
RATIFICAN ACUERDOS Y DECRETOS-LEYES ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ESTADO
Los 123 acuerdos y 24 decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado, en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, fueron ratificados, en la segunda jornada de la Sesión Plenaria de la tarde de este jueves, por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 120 de la Constitución de la República.
El diputado y Secretario de la ANPP y del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, al dar lectura al informe, detalló que en el periodo se celebraron, con vista a la aprobación de los decretos-leyes y acuerdos, cinco reuniones, de ellas dos extraordinarias y todas con la modalidad de videoconferencia.
Asimismo, se realizaron 78 consultas individuales, además de las referidas a los proyectos y decretos-leyes, en virtud de las que se adoptaron un total de 123 acuerdos, un número importante de ellos en las reuniones antes referidas, agregó Acosta Álvarez.
Los acuerdos aprobados fueron los siguientes:
• Ratificación de tratados internacionales: 14 (ocho de carácter bilateral y seis multilaterales)
• Aprobación de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República de Cuba y su designación en los correspondientes países, una vez concedido el beneplácito: 36
• Designación de liberación de ministros o vice primeros ministros: 7
• Promoción y liberación por renovación de magistrados y presidentes de sala del Tribunal Supremo Popular: 3
• Elección, cese y revocación de jueces profesionales de los Tribunales Militares: 7
• Promoción de fiscales de la Fiscalía General de la República: 5
• Aprobación con respecto a modalidades de la inversión extranjera: 7
• Trámites referidos a movimientos en el Consejo Electoral Nacional: 4
• Trámites relativos a Presidentes de Comisiones Permanentes de la ANPP: 2
• Trámites referidos a diputados (aceptación de renuncias, o cubriendo vacantes):
• Otros acuerdos de diferente carácter: 11
En cuanto a los 24 decretos-leyes aprobados señaló que estos fueron debidamente considerados por los miembros del Consejo de Estado, valorándose previamente las opiniones de expertos y otros especialistas, en una intensa actividad que incluye también la labor de organismos, del Consejo de Ministros y de las Universidades, entre otros.
Acosta Álvarez ponderó que hoy todos los decretos leyes que estaban pendientes están publicados en la Gaceta Oficial de la República.
Destacó, por último, que tanto los decretos-leyes como los acuerdos aprobados en el periodo que se informa se corresponden con el mandato constitucional e inciden de manera especial en importantes aspectos imprescindibles para la vida del país, en el orden económico social, ajustado al modelo de desarrollo socialista y a los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el periodo 2021-2026.
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APROBADOS ACUERDOS SOBRE LA EXTENSIÓN DEL ACTUAL MANDATO DE LOS DELEGADOS A LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES DEL PODER POPULAR Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER MINISTRO ANTE LA ANPP
Los acuerdos del Consejo de Estado referidos a la extensión del actual mandato de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y a la propuesta de rendición de cuenta de la gestión del Primer Ministro de la República a la ANPP, durante el próximo Periodo Ordinario de Sesiones en diciembre, también fueron aprobados por unanimidad por los diputados cubanos.
El primero —según explicó Homero Acosta Álvarez— es una determinación que no corresponde al Consejo de Estado, pero, debido a las circustancias que impuso la pandemia, este adoptó la decisión de proponer a la Asamblea Nacional que el mandato de los delegados a las Asambleas Municipales se mantenga en los cinco años.
Por su parte, la otra propuesta solicitó —de conformidad con el artículo 190, de la Ley 131 de organización y funcionamiento de la ANPP y el Consejo de Estado, que prevé que el primer ministro rinde cuenta en las ocasiones que le interesen a esta Asamblea— evaluar sobre el informe de rendición de cuentas de la gestión del Jefe de Gobierno para el próximo periodo asambleario.
En vivo: Asiste Díaz-Canel a 2da. jornada del 7° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional
RAÚL Y DÍAZ-CANEL EN CLAUSURA DEL SÉPTIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Con la presencia del General de Ejército y líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz, y del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluye el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Durante el discurso de clausura, el mandatario cubano expresó que «vengo ante ustedes, máxima representación de nuestro pueblo, a cumplir con un mandato real, rendir cuentas e informar de mi gestión como Presidente de la República, partiendo de valoraciones de la situación actual de estos tiempos, los temas en los que hemos centrado nuestro trabajo y también sobre los temas a los cuales debemos dirigir los principales esfuerzos».
Destacó en su intervención el apoyo en las opiniones no solo de los diputados, sino también con las de la población, en las que se apoyarán para perfeccionar la gestión con la responsabilidad que impone ser un servidor público.
El mandatario se refirió al complejo contexto mundial y las crisis que se han agravado por los años de pandemia. En este punto hizo un análisis de las muertes y contagios por COVID-19 a escala global, señalando que «el real impacto está por conocerse, lo que nadie pone en duda es su elevado costo para la economía mundial».
Cuba, a pesar de estar dotada por la obra de justicia social de la Revolución y un sistema sanitario universal y gratuito capaz de disponer de potencialidades científicas, no ha podido escapar del golpe pandémico.
Desde el 2019 la economía ha transitado por condiciones excepcionales, los efectos combinados del recrudecimiento del bloqueo y el escalamiento de la pandemia provocaron que el país dejara de recibir más de 3 000 millones de dólares en ingresos.
Agregó que se han ejecutado significativos gastos en exceso al presupuesto para enfrentar la COVID-19, la protección de los trabajadores y la población en general. Todo ello, resaltó, ha limitado la capacidad de hacer frente a relaciones indispensables para sostener la oferta estatal, fundamentalmente de alimentos, medicamentos, así como los que demanda para su estabilidad el sistema electroenergético nacional, una difícil situación que provoca malestar e insatisfacción en la población.
«Tan solo en servicio de Salud y material gastable de atención a la COVID-19 se invirtieron unos 300 millones de dólares, mientras que los recursos para la operación y mantenimiento del sistema electroenergético nacional demandan, como mínimo, 250 millones de dólares por año».
El Presidente cubano manifestó que no haber ejecutado oportunamente los mantenimientos y no poder adquirir los recursos imprescindibles para la garantía del servicio, provocaron los molestos apagones que se han dado desde junio.
Aunque no han desaparecido las limitaciones, añadió, existe la disponibilidad de combustible y se destinó –en muy difíciles condiciones para aprobarlo– un financiamiento que permitirá, antes de concluir el año, recuperar 608 megawatts de potencia en la generación eléctrica con lo que irá mejorando, gradualmente, la situación de este servicio en todo el país.
Díaz-Canel comentó que en este contexto, se han producido condiciones que favorecen la inflación con la existencia de una demanda muy superior a la oferta, lo que constituye la principal prioridad en el trabajo del gobierno. Una de las soluciones a este problema, precisó, es el crecimiento de la oferta a partir de una mayor participación de los productores nacionales en nuestro mercado interno.
Gracias al control que se ha alcanzado de forma sostenida de la COVID-19, se ha iniciado un proceso gradual de la actividad económica y social, a lo cual deberán contribuir las medidas aprobadas para dotar de mayor autonomía a la empresa estatal socialista y el perfeccionamiento y diversificación de los actores económicos.
El Plan de la economía y el Presupuesto del Estado para el 2022 estarán orientados a proyectar la recuperación de los niveles de actividad fundamentales alcanzando una mayor autonomía en la gestión administrativas en los territorios, priorizar las medidas compensatorias para la atención a los más vulnerables y consolidar la implantación de la Tarea Ordenamiento entre otras actividades.
Sobre otro punto, el mandatario refirió que «no importa cuanto destruyan, cuanto dañen, por muy inverosímil e inmoral que parezca ese es diseño del imperialismo contra Cuba. Ya no valen las tapaderas y los engaños sobre una supuesta revisión de la política del actual gobierno que repudió durante la campaña electoral que lo llevó al poder, ni los pretextos fraudulentos sobre la supuesta intención de favorecer al pueblo cubano y negar beneficios al Gobierno. Las evidencias están ante los ojos de todos para comprobar que los objetivos han sido, desde el comienzo provocar escasez económica, castigar al pueblo, perjudicar su nivel de vida, restringir sus ingresos».
En otro momento de su intervención, el Presidente de la República denunció que funcionarios diplomáticos estadounidenses se reúnen frecuentemente con los cabecillas contrarrevolucionarios, les brindan orientación, estímulo, apoyo logístico y de manera directa o indirecta, financian sus actividades.
«En sus plataformas comunicativas, incluyendo las redes digitales, emiten a diario pronunciamientos ofensivos que constituyen entrometimientos abiertos a los asuntos internos de nuestro país.
«Es justo preguntar cuál sería el comportamiento del gobierno de Estados Unidos ante cualquier embajada acreditada en Washington, que se dedicara a instigar, orientar, motivar y financiar a cualquiera de los grupos extremistas y las actividades ilegales que atentan contra la vida y el orden público de ese país».
Sería bueno conocer, señaló, cómo el Gobierno de ese país respondería a una embajada que públicamente se dedicara a promover la desobediencia civil, manifestaciones políticas y marchas masivas en contra de la legalidad establecida.
Con las recientes provocaciones, queda claro que está en curso contra nuestra nación una operación concertada desde Washington, dirigida a generar la imagen de que Cuba es un estado fallido y que ocurren atropellos a la ciudadanía, alertó.
Incluye, además, el propósito de lograr que otro países se unan a las medidas de agresión económica y que desde los propios Estados Unidos se tomen medidas de mayor envergadura, agregó.
«La verdad siempre se impone por muy poderosas que sean las herramientas que hoy existen para ocultarla o distorsionarla. La mentira podrá propagarse como se disemina el virus de la COVID y tendrá el poder de confundir y contagiar a muchos, pero no podrá doblegar la voluntad tantas veces probadas de este heroico pueblo».
En contra de los planes del imperialismo, estamos venciendo a la pandemia, como hemos vencido y venceremos los planes del enemigo, aseveró.
«El bloqueo es y seguirá siendo un obstáculo fundamental para las estrategias y potencialidades de crecimiento económico, pero no es un impedimento insuperable. Seguiremos luchando contra este, incansablemente, con el respaldo de la comunidad internacional.
«Nuestro desarrollo y el bienestar del pueblo tendrán que depender del esfuerzo que hagamos y de la inteligencia que aunemos, conscientes de que la cruel guerra de Estados Unidos persistirá, mientras persista en ese país el anhelo de adueñarse del destino de Cuba».
El bloqueo, afirmó, no es solo un castigo a la resistencia, es el método cotidiano de impedir que el socialismo se asocie al crecimiento, al progreso y a la prosperidad.
«No, el socialismo no es el responsable de nuestros problemas; el socialismo es la única explicación que hayamos sobrevivido a ese cerco feroz y genocida, sin renunciar a desarrollarnos».
Resaltó además, que solo de nosotros depende la respuesta digna a ese inmerecido castigo. La Revolución está y estará permanentemente desafiada a hacer excepcional por la capacidad de su pueblo de resistir y crear.
«Gracias a nuestro sistema, a la integración de todas las fuerzas en pos de un mismo objetivo, es decir, a la unidad en torno al Partido, Cuba tuvo respuestas inmediatas para enfrentar la pandemia».
La estrategia económica y social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial generada por la pandemia, fue la primera respuesta, significó el Jefe de Estado, quien agregó que se trató una estrategia que ajustó las proyecciones del país al nuevo escenario, sin renunciar al programa de desarrollo hasta el 2030.
Comentó, por otra parte, que impulsando el desarrollo de un sistema de gestión de gobierno, basado en ciencia e innovación, hemos creado el Consejo Nacional de Innovación y Asesoría Especializada, que impactará en la toma de decisiones y solución de problemas más apremiantes.
Se han aprobado más de 60 medidas para el estímulo de la producción y comercialización de alimentos y otras que buscan elevar la eficiencia de la empresa estatal socialista, estimular a los nuevos actores económicos, destrabar procesos y encadenar producciones, todo para lograr un fuerte impacto de un conjunto de acciones que complementan la estrategia económica y social, expresó Díaz-Canel.
En relación al ejercicio legislativo, destacó que en este período de sesiones se aprobaron cuatro importantes leyes que marcan una trascendente reforma en el orden judicial y procesal en el país.
Estas normas, dijo, desarrollan contenidos de la Constitución y refuerzan las garantías y derechos de los ciudadanos. Han sido fruto de un amplio y participativo proceso de creación normativa, al que han contribuido directivos y especialistas de tribunales, la Fiscalía, los bufetes colectivos y profesores universitarios, además de contarse con la participación ciudadana.
Las disposiciones aprobadas sitúan al país en la vanguardia de las legislaciones en ese ámbito más avanzadas y modernas, destacó, en tanto, reafirman el acceso de justicia para todos, amplían el debido proceso y con ello, contribuyen a materializar el concepto de Estado socialista de derecho y de justicia social.
La Ley de los Tribunales de Justicia, puntualizó, enaltece la función judicial en nuestro país, reforzando el papel de los jueces en la sociedad, ajustando estructura y funcionamiento a las exigencias actuales.
«Reconoce principios esenciales para la función judicial, como la supremacía constitucional, la imparcialidad, igualdad, la equidad en el acceso a la justicia y la participación popular en este ámbito».
El proceso penal, con la aprobación de la Ley sobre esta materia, se dota de mayores garantías, para todos los que en el intervienen, indicó.
Son novedosos, detalló, el reconocimiento de las víctimas y perjudicados como sujetos procesales, la forma anticipada de solución de los procesos, el tratamiento de las personas imputadas y acusadas con edades entre los 16 y 18 años.
También resulta significativa la asistencia letrada desde el inicio del proceso, junto al control de los tribunales de la medida cautelar de prisión provisional, continuó.
La Ley del Proceso Administrativo, por otra parte, además de realizar por primera vez esta materia en el orden procesal, va a garantizar a la ciudadanía la posibilidad de reclamar en los tribunales, derechos que consideran han sido vulnerados por la Administración Pública, explicó.
Por último, el Código de Procesos uniforma los procedimientos de actualización en materia civil, mercantil, de familia, y del trabajo y seguridad social, agregó. «La norma refuerza la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y establece medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las decisiones judiciales, entre otras cuestiones».
Las cuatro leyes aprobadas —comentó— presuponen un desafío para los operadores del sistema de justicia, en el sentido de la necesidad de su capacitación y garantizar la adecuada aplicación, en salvaguarda de una justicia pronta y efectiva.
Señaló, por otra parte, que el 8vo. Congreso del Partido nos dejó valiosos debates y orientaciones fundamentales, que son referente e impulso. En este, dijo, abordamos los problemas más desafiantes de nuestra realidad, las fallas en la comunicación, la necesidad de fomentar el diálogo, la participación y el control popular.
En difíciles circunstancias se aplicó la Tarea Ordenamiento, considerado un paso impostergable para el propósito de lograr la eficiencia empresarial, pero con efectos indeseados sobre la vida de los ciudadanos y que hoy se expresan, sobre todo, en la dañina inflación, expresó.
«No vamos a mentir diciendo que esto se resolverá de un plumazo, solo puedo afirmar que la Revolución nunca hará nada al margen de los intereses y demandas del pueblo, y expreso mi confianza en que también venceremos este reto, aparentemente insuperables».
Estamos en mejores condicione para perfeccionar la gestión de Gobierno, en estrecha alianza con las estructuras del Poder Popular cuyas potencialidades y reservas tienen mucho que aportar todavía, afirmó.
«Considero que no hay mejor escenario que la ANPP, para reflexionar lo que el país espera sobre el Poder Popular.
El poder Popular, genuino, innovador y por esa misma razón cuestionado y atacado por quienes nos desconocen o temen a su ejemplo, constituye el fundamento y la esencia del sistema político cubano. Fortalecerlo es potenciar la iniciativa y la acción directa de nuestro pueblo en la consolidación del socialismo», sentenció.
El mandatario aseguró que si un aprendizaje ha aportado el intercambio con representantes de organizaciones y grupos sociales diversos, y los recorridos por las provincias y los barrios, es la necesidad de asumir nuevos estilos de trabajo, a fin de que se canalicen de forma adecuada las inquietudes y los aportes de la ciudadanía, y que cada demanda reciba respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido.
Es impostergable aprovechar los saberes, la fuerza y la iniciativa popular, dijo. No de manera formal, sino orgánica, conscientes de que así se acentúa el principio de corresponsabilidad en el camino hacia la mayor justicia social posible.
El Primer Secretario del Comité Central del Partido aseveró también que la democracia socialista exige hacer, innovar, cambiar y transformar permanentemente las formas de participación democráticas.
La Constitución aprobada en el año 2019, y las leyes aprobadas por la ANPP, son fundamentos jurídicos para sustentar nuestras acciones, añadió.
En este sentido advirtió que el inmovilismo y el formalismo en las estructuras de Gobierno a nivel local son tan nocivos como el asistencialismo, que se limita a entregar bienes y recursos sin considerar la trascendencia de la participación.
«La participación es la esencia de la salvaguarda de nuestro socialismo. Lo contrario, solo sirve a los enemigos de la Revolución para retornar al capitalismo en Cuba», sentenció.
Por ello, advirtió que la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica, de lo que hacemos mal, de nuestros problemas, es vital para seguir avanzando.
«Debemos escuchar, dialogar, atender los planteamientos de nuestro pueblo. Tenemos que realizar consultas populares en asuntos de interés local y nacional, promover presupuestos participativos para decidir entre todos dónde y cómo utilizar mejor los fondos públicos», enfatizó.
El Presidente reafirmó la voluntad del Partido, el Estado y la sociedad cubana de respetar, promover y garantizar los derechos constitucionales.
Estos duros meses de pandemia son la mejor evidencia de cómo el Estado, apoyado en los científicos, el personal de la Salud, los educadores, los obreros, los jóvenes, han trabajado duro para disminuir los contagios y salvar la vida como derecho que permite disfrutar del resto de los derechos.
Cuando avanzamos en la vacunación masiva, prestando especial atención a los niños y adolescentes, mostramos nuestro compromiso en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia en Cuba, señaló, y advirtió que no por cotidiana, esta acción deja de ser extraordinaria.
También se refirió al anteproyecto del Código de las familias, fundamentado en la dignidad humana como valor supremo, y expresó su convicción de que mediante los procesos de consulta especializada y popular, llegaremos al referendo legislativo con una propuesta que pondrá a Cuba entre los países más avanzados en materia familiar.
Se refirió, igualmente, a los programas nacionales para el Adelanto de la Mujer y contra el Racismo y la Discriminación Racial, entre otros documentos, que demuestran la manera en que la Revolución promueve y garantiza derechos.
Sin embargo, aclaró que los enemigos de la Revolución, muchos de los cuales atacaron el proceso que condujo a la aprobación de la Carta Magna del país, hoy pretenden servirse de los derechos que esta otorga para destruir la obra que esa Constitución defiende y protege, convocando a una marcha que ya se sabe responde al guion de guerra no convencional que se trata de aplicar a nuestro país.
«La Ley de leyes no puede ser interpretada a conveniencia. Mucho menos en interés de aquellos que son los primeros en no respetarla», sentenció.
Díaz-Canel agregó que nuestra Constitución consagra los principios de independencia y de soberanía de los pueblos, reconoce el derecho a la libre determinación, condena la intervención directa o indirecta en los asuntos internos de cualquier Estado y por tanto, la agresión armada y cualquier forma de coerción económica o política.
«Una manifestación deja de ser pacífica en el momento en que los participantes acudan a ella con la intención de alterar la normalidad de la vida comunitaria, la paz social, con la pretensión de subvertir el orden constitucional y posicionare como discrepancia al socialismo, y más aún cuando todo ello se hace siguiendo un guion conectado con los intereses políticos de un gobierno extranjero que mantiene, hace seis décadas, una guerra económica con nuestro país.
En otro momento de su intervención, el Presidente cubano expresó su agradecimiento a la comunidad científica por su aporte invaluable a la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
«Gracias a la visionaria política de impulso a la ciencia de Fidel, y a la continuidad que dio Raúl a esa obra, el talento y el compromiso con que se han formado varias generaciones de investigadores, nuestro Gobierno ha podido enfrentar como ninguno otro de América Latina y el Tercer Mundo, la terrible amenaza de una pandemia», dijo, y añadió que «cuando en el futuro repasemos estos años, habrá que hablar en primer lugar del personal de la Salud, los creadores científicos y de la academia que se salió de las aulas para compartir saberes».
Reconoció, igualmente, el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y su apoyo en la riesgosa misión de producir, trasladar y servir oxígeno a los hospitales, en las horas más críticas para el país.
También recibieron palabras de elogio el Sistema Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por su indispensable aporte a la economía, que ha permitido disponer de recursos fundamentales en medio de las urgencias.
«Solo un país organizado, con una dirección unida en torno a un propósito común, la salvaguarda de la nación, puede proponerse las metas más altas en las horas más difíciles», apuntó.
Recordó, igualmente, que Cuba es el primer país de Latinoamérica con tres vacunas y dos candidatos vacunales en desarrollo y el primero en el mundo en comenzar la vacunación de su población infantil.
«Por el camino atravesamos los duros golpes de picos de contagios, saturación de hospitales, crisis en la disponibilidad de camas y de oxígeno, las muy dolorosas muertes».
En ese complejo escenario, agravado por las fallas en las plantas eléctricas y la escasa disponibilidad de medicamentos y alimentos, recordó que la jauría anticubana, calculando próximo nuestro fin, se nos tiró al cuello con demandas de intervención humanitaria y hasta de invasión militar, sin molestarse siquiera en mirar en la historia cómo han terminado las naciones «salvadas» por las tropas yanquis y de la OTAN.
Díaz-Canel comentó que en las últimas semanas han disminuido significativamente las cifras asociadas a la COVID-19, y eso hace que el país se disponga a abrir fronteras para oxigenar su economía.
«Dan ganas de celebrar por nuestros niños, nuestros médicos, nuestros científicos, nuestras vacunas, nuestro pueblo, por Fidel que vuelve una y otra vez en cada obra suya de legítima fe en los seres humanos, que salvan vidas e iluminan el horizonte».
En las conclusiones de su discurso el Jefe de Estado insistió en que hay más de una razón para que la celebración sea responsable y contenida. Ejemplificó con los rebrotes existentes en muchas partes del mundo, razón por la cual debemos hacer el éxito de hoy perdurable.
El 15 de noviembre Cuba reabrirá sus fronteras y los estudiantes volverán a la escuela. La Habana esperará su aniversario. La vida irá retomando su curso, con la mayor alegría, pero alertas. Nadie va a aguarnos la fiesta, agregó.
Señaló que en Cuba ya estamos vacunados contra la COVID-19, mientras que contra el miedo lo hemos estado siempre. Tenemos Patria y defendemos la vida, y seguimos siendo de ¡Patria o Muerte, Venceremos!, concluyó.
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Autor: Yaditza del Sol González | internet@granma.cu
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