Por: Elizabeth Naranjo | internet@granma.cu
La exclusión de Cuba de la lista terrorista.- Al comparecer ante la prensa sobre las medidas del Gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba, el Canciller de la Isla aseveró que la decisión confirma que lo que se vino haciendo era ilegal y arbitrario.
«Seria, importante y en la dirección correcta, aunque muy limitada y tardía». De esa manera se refirió, ayer, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a las medidas dadas a conocer el pasado martes por el Gobierno de Estados Unidos, que excluyen a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo; indican la suspensión del derecho a iniciar una acción en virtud del Título iii de la Ley Helms-Burton de 1996, y eliminan la lista de entidades cubanas restringidas con las cuales los ciudadanos e instituciones estadounidenses tienen prohibido transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.
Al responder por qué ahora estas disposiciones, el Canciller de Cuba aseguró ante la prensa que «la administración estadounidense ha tomado estas decisiones porque su plan ha fracasado, porque la visión de provocar el colapso de la economía cubana, la explosión social (…), sigue sin poder alcanzar sus objetivos».
Subrayó que las medidas constituyen el reconocimiento de que la suya contra Cuba es una política obsoleta, fallida, que no tributa a los objetivos ni a los intereses nacionales de ee. uu., ni tiene el apoyo de los ciudadanos estadounidenses, ni de los cubanos residentes en ese país; que provoca un aislamiento mundial, un descrédito a su política exterior, que dañan instrumentos que, supuestamente, el Gobierno de Estados Unidos necesita para hacer cumplir determinados objetivos de su agenda internacional.
«Lo que habría que preguntar al Gobierno de Biden es por qué ha esperado hasta este momento para hacer lo que pudo haber hecho desde su elección, porque en su plataforma electoral se comprometía a adoptar cambios significativos en la política de los Estados Unidos», afirmó.
Recalcó que, con esta decisión, ha quedado demolida la lista de países patrocinadores del terrorismo. No existe más, nadie más podrá creer en ella, porque es una confirmación absoluta y tangible de que no tiene fines de enfrentamiento al flagelo del terrorismo, sino que es un mero y vulgar instrumento de coerción política contra Estados soberanos», agregó.
«Si viniera otro presidente y volviera a incluir a Cuba en la lista, habría que preguntarse cuáles son las razones, qué dirían las agencias del gobierno estadounidense de aplicación de la ley, dónde quedaría la credibilidad del Gobierno», cuestionó.
Sobre la posibilidad de que estas decisiones no se sostengan en el tiempo, dijo que «son medidas ejecutivas que podrían revertirse», expresó, aunque enfatizó en que «va a ser difícil explicarlo, si ocurriera».
El Ministro de Relaciones Exteriores refirió haber leído, al respecto, «opiniones de algunos de los que redactaron las medidas anteriores –y que participaron, protagonizaron y provocaron el retroceso en la relación bilateral– señalando que les tomará tiempo y trabajo revertirlas».
En cuanto a la política exterior de cada Estado, puntualizó que «no debería someterse a los vaivenes de los distintos Gobiernos, ni mucho menos a los caprichos de la política doméstica o de las competencias o argucias electorales».
Al abordar la importancia de la exclusión de la Isla de esta lista, argumentó que «ha sido el reconocimiento de la verdad». Insistió en que Cuba nunca debió entrar en esa lista, fundamentalmente por su condición de víctima del terrorismo.
El Canciller dijo que esta medida «carecía de cualquier credibilidad o prestigio a escala internacional», pero sus efectos prácticos, sobre todo en el sector financiero, son extraordinarios.
«Será muy difícil mantener las medidas coercitivas que se derivan de esta lista, y que limitan el acceso a las instituciones y servicios financieros en cualquier país», valoró y recordó las trabas que suponía la inclusión de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo para la importación de insumos de productos de primera necesidad para el pueblo cubano, la prohibición a los ciudadanos europeos y de otros países a utilizar el sistema de autorización electrónica de visas estadounidenses.
Respecto al Título iii de la Ley Helms-Burton, acotó que está destinado a intimidar a terceros países. «Contiene una arbitrariedad y una violación del derecho internacional brutal, que es pretender juzgar en cortes estadounidenses a personas, entidades y compañías de terceros países o cubanos por sus vínculos económicos con la Isla, fuera de la jurisdicción estadounidense o sin ninguna relación con los Estados Unidos».
Opinó que es también el reconocimiento de que lo que se vino haciendo era ilegal y arbitrario, con un gran efecto no solo en el derecho internacional, sino en el flujo de inversión capital hacia Cuba, acceso a la tecnología, al mercado y de amenaza en contra de las soberanías extranjeras.
Sobre la tercera decisión firmada por Biden, el Canciller comentó que es una directiva que le da órdenes a casi todo el Gobierno de Estados Unidos.
«Dentro de ese memorando ha quedado eliminada también una de las atrocidades del bloqueo a Cuba, que es la llamada lista de entidades restringidas, de 2022, que lo mismo afecta a entidades públicas que a servicios del sector privado en nuestro país.
«El paso que corresponde es seguir levantando elementos del bloqueo, dejar a los cubanos vivir en paz. Defenderemos con todo vigor y determinación nuestra independencia y nuestra soberanía frente a cualquier acto de injerencia, de observancia de nuestra Constitución y a la aplicación de nuestras leyes, igual que preservamos la seguridad nacional, el orden interior y la seguridad ciudadana», sentenció.
Destacó la importancia que tiene «considerar que, pase lo que pase con relación a estas medidas en el futuro, son un hecho importante, un acontecimiento que ha recorrido el mundo, y que ha recibido muy amplio apoyo internacional en pocas horas».
Reiteró, además que «el gobierno de Cuba, de manera histórica y persistente, ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos de América sostener un diálogo respetuoso y responsable, sobre las bases de la igualdad, la soberanía y el respeto mutuo, sin injerencia en los asuntos internos de nuestros países».
Una decisión que debió tomarse mucho antes
«China exhorta una vez más a Estados Unidos que levante todo el bloqueo y las sanciones contra Cuba lo antes posible», declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiankun, se refirió al carácter tardío de la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, elaborada por el Gobierno estadounidense, el que «no tenía base alguna para incluir a Cuba».
El vocero calificó la inclusión como una «flagrante injerencia» condenada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluida China.
También destacó las declaraciones del Presidente Díaz-Canel sobre el alcance limitado de la decisión. En ese sentido, enfatizó la vigencia del bloqueo económico, comercial y financiero que «ha causado estragos en la economía y los medios de vida de Cuba», y recordó el apoyo mundial a la resolución presentada por nuestro país en la Asamblea General de las Naciones Unidas, demandando el fin de esa política.
Instó a ee. uu. a «situarse del lado correcto de la historia», levantando completamente el bloqueo y las sanciones, en correspondencia con el reclamo mundial.
MÉXICO SALUDÓ LA EXCLUSIÓN DE LA LISTA TERRORISTA
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo, reseñó Prensa Latina.
«Nos da mucho gusto que el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba el terrorismo; es muy bueno esto que ocurrió, y qué bueno que lo hizo el presidente Biden», dijo en la habitual conferencia de prensa que se transmite desde el Palacio Nacional.
De esta manera, Sheinbaum se sumó a la lista de asociaciones internacionales, organismos multinacionales de integración, personalidades y mandatarios, entre ellos los de Bolivia, Venezuela y Colombia, que manifestaron satisfacción por la noticia.
Un anuncio justo y apreciado, aunque incompleto
Por: Raúl Antonio Capote | internacionales@granma.cu
Las sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado la inclusión de Cuba entre los patrocinadores del infame flagelo como una herramienta de presión, con un definido carácter político.
A la hora de «recoger los bates», el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió cumplir con algunas de sus promesas de campaña con relación a Cuba. Pudo, durante su mandato, –para seguir con el argot beisbolero–, «sacar la pelota del parque» y hacer historia, pero no lo hizo.
Sin duda, el anuncio realizado por la Casa Blanca, aunque muy limitado en su alcance, fue bien recibido por el pueblo cubano y por millones de personas en el mundo, incluso dentro de EE. UU., que han repudiado durante años la barbarie del bloqueo contra Cuba.
En concreto, el anuncio de Washington incluye tres aspectos:
- Excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.
- Hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se puedan tomar acciones, en tribunales estadounidenses, ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título iii de la ley Helms-Burton.
- Eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido impacto en terceros países.
Efectivamente, esta decisión, dictada por la Oficina Oval, pone fin a medidas coercitivas específicas que, junto a muchas otras, causan un grave daño a la población, tienen alcance extraterritorial, y son violatorias de los derechos humanos de todos los cubanos.
Solo por citar algunos ejemplos, continúa la persecución «corsaria» contra los suministros de combustible y los buques mercantes que atraquen en Cuba, se mantiene la asechanza de los acuerdos legítimos de cooperación médica internacional con otros países, se castigan las transacciones financieras internacionales, y un largo etcétera.
El archipiélago cubano sigue siendo un destino prohibido para los ciudadanos estadounidenses, y las empresas y entidades subsidiarias de una corporación de ese país tienen negado comerciar con Cuba, salvo contadas excepciones muy reguladas.
Además, continúa el acoso, la intimidación y las amenazas contra el nacional de cualquier nación que se proponga comerciar, invertir o simplemente hacer turismo en la Isla.
Debemos recordar, viajando un poco en el tiempo, el discurso realizado en mayo de 2002, por el entonces subsecretario de Estado de EE. UU., John Bolton, que sirvió al Gobierno de George W. Bush para fabricar, de forma falaz, una relación simbólica entre el terrorismo y Cuba.
Se pretendió vincularnos con los sucesos violentos del 11 de septiembre. Desde entonces, las sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado la inclusión de Cuba entre los patrocinadores del infame flagelo como una herramienta de presión, con un definido carácter político.
No fue hasta el año 2015 que la administración de Barack Obama retiró a la Mayor de las Antillas de esa lista; sin embargo, en el ocaso de la presidencia de Donald Trump, el 12 de enero de 2021, también justo a «la hora de recoger los bates», Cuba volvió a ser designada como país patrocinador del terrorismo.
Nada justificaba la permanencia de la Isla en el fementido listado. La Habana es signataria de 19 convenios internacionales relacionados con el enfrentamiento al terrorismo, y honra los compromisos asumidos en esta materia, una responsabilidad que elevó a rango constitucional en 2019.
Cercados económicamente, calumniados y agredidos de las más diversas formas, durante más de 60 años, ser firmes ha sido la única garantía para los cubanos, a fin de sobrevivir a la amenaza de la mayor potencia del mundo.
En tanto, siempre Cuba ha mantenido su disposición a un diálogo en el que se respeten las diferencias, con base en las leyes internacionales para la convivencia pacífica entre las naciones, sin admitir la más mínima exigencia que lacere su independencia y su soberanía.
La incertidumbre pesa sobre estas disposiciones, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, considerando que el presidente entrante, Donald Trump, ha prometido una política más dura hacia el Gobierno cubano.
Del otro lado de la balanza, en cualquier decisión contrapesa la resistencia de la Isla rebelde, la militante solidaridad internacional, la aceptación mundial al anuncio de Biden y el repudio creciente en EE. UU. a la guerra económica contra Cuba.
JUSTAS, PERO NO REVUELTAS
En un día cargado de acontecimientos, y en línea con lo que puede considerarse una tradición del país en esta materia, el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmó el martes que el Gobierno cubano tomó «la decisión unilateral y soberana de otorgar la libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos».
Esta decisión no tiene nada que ver con el anuncio realizado, en igual fecha, por el presidente saliente de EE. UU., Joe Biden. Tal cual se afirma en los primeros párrafos, forma parte de las relaciones estrechas y fluidas con el Papa Francisco, en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por Su Santidad, y que recién comienza.
Las personas beneficiadas con la medida fueron sancionadas en debido proceso, por delitos diversos contemplados en las leyes, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
No se trata de una amnistía, ni siquiera de una medida tomada para beneficiar a un grupo específico, como la campaña de descrédito que desde Miami se pretende hacer notar. Algunos obtendrán la libertad condicional o un cambio de medida, entre otros elementos que contemplan las leyes cubanas, en dependencia de las condiciones de cada cual.
En el texto se precisa que el Presidente Díaz-Canel comunicó el dictamen al Sumo Pontífice, en una misiva remitida a la Santa Sede en los primeros días de enero, y se argumentó que «las liberaciones se llevan a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso, a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación, y como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba.
«Mantenemos con el Vaticano y el Sumo Pontífice una relación respetuosa, franca y constructiva, lo que facilita decisiones como la recién tomada, dentro de los requisitos que establece la legislación vigente, el sentido humanitario del sistema de justicia cubano y el cumplimiento de las obligaciones con el orden interior y la seguridad ciudadana», completó la Declaración.
La exclusión de Cuba de la lista terrorista no es más que el reconocimiento de la verdad
